Esta semana hemos conocido que el fiscal del Tribunal de Cuentas aprecia, por utilizar un eufemismo, delitos en las cuentas de Unidas Podemos. Para algunos, esto será un ataque más hacia la formación morada, para otros, un jaque al partido del 15M.

Pero… ¿cuán grave es esta situación? Para conocer el riesgo que estos acontecimientos suponen para nuestra escasa estabilidad política, debemos conocer los hechos.

Los supuestos delitos nacen en las pasadas elecciones del 28 de abril, comicios en los que Unidas Podemos contrató a una empresa de consultoría llamada “Neurona”, incurriendo en una posible falsedad documental y fraude electoral, pues el juez aprecia que no hay coherencia entre los servicios contratados y realizados.

La Fiscalía considera que hay indicios de delito, asegurando que en las cuentas del partido aparecen gastos en concepto de operaciones electorales, de casi 300.000 euros, que tienen la categoría de gastos ordinarios. ¿Y dónde está el problema?, estos gastos no son subvencionables, no los paga el Estado, es decir, todos nosotros.

En el informe público de fiscalización, hace hincapié en que se solicitó en varias ocasiones el detalle de los presupuestos y el desglose de los diferentes servicios, pero esta solicitud no tuvo respuesta por parte de Podemos.

No deja de llamar la atención que la empresa, “Neurona Comunidad”, no estuviera registrada hasta dos semanas antes de iniciar esta actividad. Para colmo, su razón social no coincide con los servicios prestados al equipo de Pablo Iglesias.

Sin embargo, la compañía (Neurona) se presenta como una gran consultora. Es cierto que su actual director, César Hernández Paredes y otros miembros de su equipo como Pabel Muñoz, son políticos de renombre en América Latina que sí han realizado campañas en el continente. Esta empresa se encuentra ya investigada por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, en él, el magistrado Juan José Escalonilla, mantiene imputado el partido por malversación y también ha solicitado información al Registro Mercantil sobre las empresas que tengan representantes de Podemos en sus estructuras.

Según la institución pública, Unidas Podemos incurrió en gastos irregulares por valor de más de 400.000 euros, conceptuándolos como gastos electorales subvencionables, de los que pagamos entre todos, insisto. Además de todo lo anterior, el juez está investigando a Juan Carlos Monedero porque crecen las sospechas sobre si cobró comisiones ilegales, que parecen estar más de monda que nunca, por intermediar en la contratación.

A pesar de que Monedero ya no ocupa ningún puesto en Podemos, Escalonilla le adjudica un papel clave en el partido actual. El exdirigente del partido habría ocupado un puesto en una estructura paralela a la formación que se nutriría de contratos de la organización con adjudicaciones públicas.

Vientos muy turbulentos los que soplan en el partido socio del Gobierno, más aun, si tenemos en cuenta que este escándalo llega en medio de la investigación por la supuesta “caja B” del partido.

Irene Montero, así como el resto de los miembros del partido, defiende que este es un caso más de injurias contra su formación. Manifiesta su respeto a la justicia y le pide que haga su trabajo con rigor. Es cierto que Podemos se ha enfrentado a continuas investigaciones y acusaciones, prácticamente, desde su nacimiento, pero esto no reduce la gravedad de la situación actual.

Si se demuestra culpable el partido, el Gobierno se verá muy comprometido, así como su continuidad. Durante los últimos días hemos visto como otros partidos, es el caso de Ciudadanos, se han acercado a los socialistas, quién sabe si con la intención de volver a ser socios en un futuro… lo que sí está claro es que los movimientos estratégicos de los populares y Ciudadanos, girando hacia el centro, o la próxima moción de censura de Vox, responden a un posicionamiento preelectoral, preparándose para una caída del Gobierno de coalición en el corto o medio plazo.