Es conocido el viejo aforismo de que la Justicia es
como esa curiosa tela de araña que atrapa a los
mosquitos, pero deja pasar sin rasgarse a todos
los moscardones. Algo así, pero ‘a lo bestia’ es lo
que está ocurriendo en España en los últimos
días; desde el pasado jueves en el que la Sala
Segunda de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo decidió que deben ser los
bancos y no los clientes de créditos hipotecarios
los que afronten frente al Fisco el devengo del
impuesto de Actos Jurídicos Documentados -un 6
por ciento del total de la operación-. Y que deben
ser ellos quien lo hagan porque son los
beneficiarios, no sus clientes. Así de simple pero
así de contundente.
El fallo era de los que hacen historia porque
cuestionaba millones de operaciones efectuadas
en estos últimos años; los de mayor crisis
económica y sufrimiento para una buena parte de
una castigadísima clase media que, para más
INIRI, ha visto cómo se rescataba con dinero
público -40.000 millones de euros- a las entidades
bancarias antes de que volviera a fluir
tímidamente el crédito, condición necesaria para
cerrar ese oscuro período de la historia
económica, social y política de este aún joven
siglo XXI. Pero, mientras en la calle se celebraba
el fallo, llegó el presidente de la Sala, un juez de
nombre Díaz-Pintado… y mandó parar. En un
acto sin precedentes ordenó que fueran la
totalidad de los jueces, y no solo los de la Sección
Segunda, los que cortaran tan delicado ‘bacalao’.
Y claro, se ha liado parda… y con razón.
Todos pierden, nadie gana
Por el momento, el caos generado por este
‘sindios’ judicial no ha podido ser mayor; todos se
han visto perjudicados. Las propias entidades
bancarias han sufrido un castigo más que notable
en sus cotizaciones bursátiles, por muchos
llamamientos que hagan sus portavoces a la
calma. Eso si, a las pocas horas, repunte
igualmente espectacular y castigo olvidado. Pero
es que, cuando se pierde la confianza, ya se sabe
que el dinero huye despavorido. Más me
preocupa sin embargo la desazón y la
desorientación que desde el viernes sufren
millones de personas en España: todos quienes
en los últimos años han pedido una hipoteca y
ahora no saben bien qué hacer, si reclamar ya por
vía judicial, esperar unos días más, no hacer
nada… todos cuantos en el curso de estos días
iban a formalizar un préstamo hipotecario y
aconsejados por su abogado o por el propio
notario han congelado la firma en espera de que
se aclare la situación… no me olvido tampoco de
situaciones más específicas pero con un notable
volumen también de potenciales afectados:
aquellos que formalizaron una operación de estas
características en el curso del año 2014 y que
tienen hasta el 31 de diciembre del 2018 SOLO
para decidir si reclamar o no y cómo hacerlo
(recuérdese que en España, la prescripción legal
en materia fiscal son cuatro años). A estos
últimos, el tiempo se les acaba. Por ser más
concretos, en el tercer trimestre de 2014 -puesto
que hablamos de años naturales- se formalizaron
en España nada menos que 70.000 hipotecas,
según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Confianza por los suelos; España, casi como ‘país
bananero’.
Pero si hay un desperfecto difícilmente reparable,
por encima de otros, es el de la confianza en la
Justicia. La seguridad jurídica es uno de los
pilares sacrosantos de cualquier Estado de
derecho democrático. Si esta se quiebra, lo de
menos serán los 18.000 millones de euros en los
que puede cifrarse el montante de este
monumental desaguisado. Ayer, una fuente muy
cercana y que conoce como nadie los vericuetos
del sistema financiero en este país me hablaba
incluso de no menos de 20.000 millones de euros.
Y se refería en términos no muy elogiosos a la
actuación en todo este asunto del ya célebre
presidente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, Luís Díez-
Picazo, al que a partir de ahora supongo que van
a investigar hasta el número de pie que calza.
Todas las asociaciones judiciales, desde Jueces y
Juezas Para la Democracia hasta las más
conservadoras han criticado con dureza una
actuación que no tiene precedentes en historia
judicial de este país.
El desconcierto va a continuar
Llamados a capítulo en la mañana del lunes por
su máximo responsable, don Carlos Lesmes,
abrumado ante la que se le está viniendo encima,
sus señorías han decidido ‘darle patadas a la lata’
hasta el próximo 5 de noviembre. ¡Dos semanas
más de incertidumbre! Parece de república
bananera, pero no… es España, cuarta economía
de la Eurozona, siglo XXI. Decenas de
magistrados de todas las Audiencias Provinciales
están decidiendo en estas horas aplazar todas las
vistas previas de afectados por esta materia. Más
en concreto, procedimientos en los que se
reclame la nulidad de cláusulas sobre gastos
contenidas en contratos y escrituras de préstamos
hipotecarios, con la consiguiente congelación de
las posibles devoluciones a los afectados.