Estaba empezando a escribir este artículo cuando ha saltado la última novedad del ‘mastergate’: La Fiscalía abre diligencias penales por el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
De todo este desgraciado asunto del, ya tristemente, célebre Máster de Cristina Cifuentes, lo que más me molesta -orillando todas y cada una de sus derivadas políticas cuyas réplicas me temo aún que ni alcanzamos a vislumbrar ni a valorar- es el manto de desprestigio que se ha arrojado ya sobre la Universidad pública española, y que espero que no sea irreversible. Qué más da que hoy sea la Rey Juan Carlos o mañana cualquier otra, de entre las muchas que forman anualmente en nuestro país a miles y miles de jóvenes licenciados. Lo relevante es que, ahora, muchos se han ‘caído del guindo’ y han sabido del inmundo mercadeo que existe, en determinados niveles, con algunas titulaciones o postgrados que se esgrimen y utilizan como lo que en realidad no son… ni han sido nunca.

No se trata solo de política
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Me importa poco la pieza a batir; en este caso Cristina Cifuentes, aunque podría haber sido cualquier otro u otra responsable política. Aún diría mas; teniendo en cuenta el lodazal de podedumbre y corrupción que ha asolado durante años la Comunidad de Madrid, esté escándalo, me parece francamente menor. Que se trata de una ‘cacería’ indisimulada, no parece que haya dudas. Algún día sabremos si es ‘fuego amigo’ o producto de luchas internas por el control de la propia Universidad. Versiones hay, para todos los gustos.

Cifuentes ya está dando, en sede parlamentaria y ante los medios, las explicaciones que cree más oportunas para demostrar que no miente. Por su parte, la oposición, trata -obviamente- de sacar tajada política del embrollo, ya sea pidiendo una Comisión de Investigación, en el caso de Ciudadanos que prefiere que su ‘pieza de caza política’ se pudra en su salsa antes que derribarla por un evidente cálculo electoral, ya sea, directamente, planteando una Moción de Censura para desalojar al PP de la presidencia de la CAM, como han anunciado PSOE y Podemos. Albert Rivera e Ignacio Aguado tienen la clave y ellos sabrán qué hacer. Me ocupa y me preocupa mucho más el agravio comparativo que suponen la existencia y el reconocimiento público de determinadas prebendas que colocan en una posición de preeminencia a unas personas, sean quienes sean y ostenten la responsabilidad que ostenten, frente a otras. Qué cara se les puede quedar ahora a esos chicos y chicas que, en muchos casos con un inmenso esfuerzo personal y económico, ‘sudan tinta’ para culminar un postgrado que les coloque en mejor posición en el durísimo mundo laboral cuando vean que a otros, prácticamente, se lo regalan. No es justo.

Tan malo es el presunto tramposo… como quienes pudieron consentir la trampa
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Son imprescindibles explicaciones urgentes; pero no de los políticos, que también. De los profesores y de los responsables de la URJC que deberán acreditar, en primer lugar si hubo algo irregular o no ortodoxo en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid y, en general, con qué criterios se administran este tipo de titulaciones. El rector ya ha solicitado el concurso de dos expertos ajenos a la Institución. Estaremos muy pendientes. Ello sin perder de vista que los tribunales podrían llegar a actuar, en su caso, si ha existido algún delito en todo el proceso; hemos leído informaciones en los últimos días acerca de presuntas firmas falsificadas, tribunales que nunca se reunieron… aún no lo sé, no lo sabemos, y debemos respetar la presunción de inocencia… pero, por higiene social y democrática, nos merecemos explicaciones claras y contundentes.