La activación del artículo 155 por parte del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, un auténtico «botón nuclear», abre un territorio hasta ahora inexplorado en la historia democrática española y, como tal, incierto. Jurídicamente, pero también políticamente. Ello nos coloca ante una semana decisiva… de infarto, aunque últimamente casi todas lo son.

El relato de Rajoy: “no ha quedado más remedio…”

Desde el punto de vista del Gobierno, apoyado por las fuerzas constitucionalistas, el relato es claro: se trata de un escenario indeseado y puesto en marcha porque la actitud de ilegalidad adoptada, desde los primeros días de septiembre, por parte del -todavía- gobierno autonómico catalán, no ha dejado otra salida.
Varios ministros han relatado ya, «sotto voce» a algunos periodistas cómo se desarrolló el Consejo del pasado viernes 20 de octubre. En él, el presidente del Gobierno comenzó su intervención exactamente de esa forma «…no queda otro remedio…»

En su comparecencia posterior ante los medios, Mariano Rajoy incidió en varias “ideas-fuerza”: la aplicación de este artículo no supone una suspensión del autogobierno catalán sino, tan solo, la inhabilitación de sus responsables, que han tomado el camino de la ilegalidad. Y será solo temporal; durará lo que dure el restablecimiento de la normalidad, de la legalidad.

El problema es que nadie, en este momento, puede garantizar cuánto tiempo durará ese proceso. Ni siquiera si se alcanzará del todo. El propio objetivo gubernamental, la convocatoria de elecciones, es más que incierto:

¿Serán aceptados estos comicios, delineados desde «Madrid» por los independentistas? Probablemente no.

¿Se presentarán estos partidos -PdCat, la CUP, ERC y los propios «comunes»- a esas elecciones? Pues tal vez no.

Si se presentaran, ¿aprovecharían en su beneficio un escenario victimista para arañar no pocas decenas de miles de votos? Sin duda…

Así las cosas, al Gobierno, podría haberle salido el tiro por la culata. Rajoy lo sabe, sin duda. Y tratará de manejar los tiempos de la mejor manera posible. Es un arte que el gallego domina bien… veremos cómo le va en esta ocasión.

Complejidades políticas, jurídicas, técnicas… y operativas
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No son los únicos problemas inmediatos que se le presentan al presidente del Gobierno. La dificultad de nombrar en los próximos días técnicos que se hagan cargo, en representación de los distintos Ministerios, de áreas concretas o la previsible desobediencia de muchos funcionarios autonómicos, sobre todo en niveles administrativos medio-altos, que sería sancionada, pero complicaría enormemente el día a día por provisional que sea esta situación.

Hay más aún y de mayor calado: si las cosas se complicaran y hubiera que utilizar la fuerza para esa asunción de funciones o para repeler intentos de los antisistema de paralizar la vida en Cataluña (puertos, aeropuertos, edificios oficiales, servicios públicos esenciales como agua y electricidad…), ¿puede contar el Ejecutivo con la ayuda de los “Mossos”, única fuerza legal organizada en aquella comunidad? Es evidente que no. La Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya han expresado su desconfianza respecto a este cuerpo. Sería inevitable que las Fuerzas de Seguridad del Estado se encargaran de ello. ¿Tiene el Estado suficiente Policía y Guardia Civil? Es una buena pregunta. ¿Podría llegar a necesitar apoyos puntuales, siquiera fueran de carácter logístico, del Ejército? No es descabellado. El escenario podría complicarse hasta el paroxismo…

De lo que sí estoy seguro es de que Mariano Rajoy no miente cuando dice que, pudiendo haber aplicado antes esta solución legal – lo que le hubiera complicado menos la vida- no lo hizo a sabiendas, porque esperaba que el president fuera más sensato de lo que ha demostrado.

Si, estamos hablando de Carles Puigdemont, un político algo “siniestro”, gris, testarudo como nadie que ha puesto al Estado español ante un desafío inesperado y a toda la Unión Europea frente a un reto más en esta batalla infinita contra los populismos y los nacionalismos.

Los independentistas ante su laberinto… y sus divisiones

Y es que, el ya casi inhabilitado president, trata de jugar sus cartas a la desesperada. Se ha filtrado que planea anunciar la semana que viene en el Parlament, tanto la famosa DUI como una convocatoria de elecciones anticipadas.
Su “hoja de ruta” sería aprovechar estos cinco días que le quedan, antes de que el Senado le inhabilite de pleno derecho, para ejercer hasta el final.

Distintas fuentes jurídicas consultadas no se ponen de acuerdo a la hora de fijar si, adelantándose a los plazos legales, Puigdemont paralizaría la maquinaria judicial del Ejecutivo o no.

La cuestión estriba en dilucidar si la decisión del president prevalece a la potestad del Senado de España de inhabilitarle. Dicho de otra manera: si se pueden dejar sin efecto sus planes, aunque formalmente sea, aún durante unos días, el máximo responsable de una casi intervenida Generalitat.

Destacados juristas hacen saber que no es una cuestión sencilla pero que la clave podría estar, una vez más, en el Tribunal Constitucional, que dejaría sin efecto preventivamente la sesión de la Cámara autonómica y sus disposiciones. El pulso es de primera magnitud. Si el Tribunal Constitucional no reaccionara en tal sentido, podría considerarse, no ya que estamos en una situación de «doble legalidad», con dos convocatorias electorales diferentes sobre la mesa, sino algo mucho peor: dejar que, en la práctica, el Parlament se erija, nada menos, que en Asamblea Constituyente.
Probablemente, el peor escenario al cual podría enfrentarse el Gobierno central.

De momento, la comparecencia del president en la noche del pasado sábado 21 no despejó demasiadas dudas. Sus gestos fueron, una vez más, claves. Hace unos días, en su discurso en respuesta al del Rey, la puerta estaba abierta y la “Senyera” era la única bandera. El sábado, a la “Senyera”, acompañaba la bandera europea. Es evidente que quiso escenificar el cierre casi irreparable de cualquier tipo de negociación con “Madrid” y una apertura, casi a la desesperada, a la Unión Europea.

Es cierto que su afirmación de: «Actuaremos en consecuencia sobre el intento de liquidar nuestro Gobierno y la democracia», hace suponer que su órdago sigue adelante. Pero también que la decepción para los ingenuos y los extremistas que esperaban una «foto del balcón a lo Companys» declarando la independencia, va en aumento. Radicales de la CUP, en menor número del esperado, se echaron a la calle para gritar: «Convergencia, se nos acaba la paciencia». Está claro que las fisuras en el independentismo crecen. Y que los antisistema no se van a conformar con una mera convocatoria electoral. A estas alturas del partido, cada vez les quedan menos minutos. Van perdiendo… y lo saben.

Tan es así que el tono «presidencial» fue gris, duro, pero a la vez cargado de tristeza, aunque solemne y claro en el momento de lanzar sus amenazas contra el Estado de Derecho. Es obvio, analizando el contenido de su discurso, su metalenguaje y su propia comunicación no verbal, que su prioridad es evitar la sensación de derrota y de humillación. Y llamar de nuevo la atención de la comunidad internacional utilizando el inglés y tratando de minimizar el “baño de apoyo» que el Jefe del Estado y el Gobierno de España se dieron el pasado sábado en Oviedo con la presencia de Donald Tusk, Jean Claude Juncker y, sobre todo, del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, cuyo brillante discurso constituyó una pieza de apoyo a la legalidad constitucional española que pasará, por derecho propio, a los libros de historia.
La Unión Europea NO puede permitir que persistan los desafíos a la legalidad y las amenazas secesionistas que, junto a las de los populismos, van retando, día a día, a Europa. El propio domingo, en Italia, ha habido un referéndum en el cual dos de las regiones más ricas del país transalpino, Veneto y Lombardia, votaban para que el Gobierno les conceda más competencias y una mayor autonomía.
Mientras, en la República Checa, el millonario Andrej Babis ha ganado las elecciones generales, con un 32 por factor de los votos. Babis es antistema, anti europeista, xenofobo y está siendo investigado por manipular fondos comunitarios, presiones a la prensa y fraude fiscal. Una “joya” más, que entra en escena amenazando la estabilidad y la propia democracia en Europa.