COMUNIDAD DE MADRID… ¿LA SUMA DE TODOS?

EURICO CAMPANO

La detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y de conocidos empresarios privados, de comportamientos poco ejemplares ya demostrados en el pasado como Javier López Madrid, vuelve a poner en el primer plano de la actualidad un fenómeno, el de la corrupción política, que deja una vez más entre perplejos y asqueados a los ciudadanos y explica cómo es posible que buena parte de ellos puedan verse seducidos por mensajes políticos extremos y simplistas que han venido en bautizarse piadosamente como ‘populismos’ y que yo prefiero calificar de totalitarios cuando no, netamente, de fascistas.

   Lo de menos, con ser grave porque se trata de dinero público, es que se substancien los cargos contra González y sus compinches. Lo relevante, en mi opinión, es que esta última operación que dirige el juez Velasco vuelve a poner en evidencia el modo en el que las cosas han funcionado en España durante los últimos 40 años y que apenas han cambiado. Lo que ‘Podemos’ denomina ahora ‘la Trama’ y otros ya bautizaron hace más de dos décadas como ‘el Sistema’, constituye la perpetuación del poder de las oligarquías políticas, económicas y mediáticas, con notables conexiones entre ellas -como también hemos vuelto a ver- que han construido una tupida red de intereses, poco digna de encaje en una organización social y política como de la que disfruta España en la actualidad. Una red que impide además que, mientras estas prácticas continúen, España pueda ser considerada enteramente como ‘democracia’ y sí más bien como una ‘partitocracia’ donde, bajo la suave adormidera aportada al ciudadano para su ‘tranquilidad’ del voto periódico cada cuatro años, unos pocos deciden -al margen de esos votantes- no lo que a estos conviene sino lo que conviene a ellos mismos para mantener sus privilegiadas posiciones en el tablero social, económico y de poder.

   Especialmente repugnante es, de probarse judicialmente, la utilización de poderosos medios de comunicación para favorecer, en el más puro estilo mafioso, a unas familias de poder frente a otras. Algo que explicaría muy bien el porqué de su desprestigio social -paralelo al de los políticos- y de su pérdida de influencia, que deja un vacío insustituible entre la sociedad y sus dirigentes, que estos últimos tienden a ocupar, con el resultado de que su control -clave en democracia- se antoja cada vez más difícil por no decir imposible. El que unos tipos con las más altas responsabilidades en algunos periódicos o televisiones decidan chantajear -de momento solo presuntamente- a una responsable política para que deje de ‘hocicar’ o renuncie a investigar en sus negocios ‘privados’ regados con dinero público y de los cuales no sería absurdo suponer que tal vez se beneficien ellos también, es otra cabeza, también asquerosa, de esa hidra llamada corrupción.

   Claro que España no es un país corrupto, al estilo de México y otros estados iberoamericanos o algunos de la antigua órbita soviética, donde la ‘mordida’ y el ‘chantaje’ son el procedimiento habitual en casi cualquier ámbito de la vida. Coincido con el ministro de Justicia, Catalá Polo, que en una reciente entrevista concedida a Euprepio Padula en ‘El Independiente’, enfatizaba como prueba de lo que acabo de expresar que en España, a nadie se le ocurre ofrecer una contraprestación dineraria al catedrático para que apruebe un examen al hijo o al agente para que no nos multe. Pero es que ese no es el enfoque. Como tampoco lo es el hecho, cierto por lo demás, de que la mayoría de los políticos son honrados y ejercen su función a mayor servicio del cuerpo social al que representan y no para su lucro personal. Lo importante es destacar como, cuarenta años después de la muerte del dictador, no se ha avanzado nada en la construcción de una sociedad civil auténticamente fuerte que controle y en algunos casos pueda llegar a sustituir el funcionamiento de una maquinaria estatal -cada vez más hipertrofiada e ineficaz- sino que se ha dejado esta en manos de unas élites compuestas por personajes de dudosa catadura moral que utilizan para enriquecerse los resortes de la disposición de un dinero púbico que debería servir para financiar los servicios esenciales cuáles son la educación o la sanidad que en España, tras ocho años de cruel crisis económica, lejos de llegar a todos, cada vez son más inaccesibles para algunas capas de la población a las que el Estado ha renunciado a atender. Me refiero a tres millones y medio de desempleados de los cuales dos son parados de larga duración, de más de 50 años, que han dejado de percibir subsidio alguno y que son, por su escasa u obsoleta formación y por la estructura del mercado laboral, prácticamente irrecuperables.

Este es el resultado más sangrante y directo de la corrupción de las élites políticas y económicas y en él se incide, curiosamente, muy poco. Alguien debería cuantificar cuánto ha costado en total el saqueo de las Cajas de Ahorro por parte de los políticos del PP, PSOE e incluso comunistas de IU y cuántos de esos miles de millones podrían haberse destinado a políticas activas de formación o, directamente, a eso que los economistas llaman pomposamente ‘estabilizadores automáticos’, es decir, pensiones y subsidios de desempleo.

Hace ya algunos años, la Comunidad de Madrid que presidía por cierto la hoy innombrable ‘madrina’ política de todos estos presuntos corruptos, Esperanza Aguirre, ponía en marcha una audaz campaña publicitaria en la que se insistía en la importancia de todos y cada uno de los ciudadanos individuales que la componían y que, con su trabajo, sus impuestos y su participación social y política, construían una realidad que aportaba las mayores cotas de bienestar al conjunto. A la luz de la más reciente y escandalosa actualidad, cabría preguntarse si ese lema ha sido alguna vez válido o si en realidad, la Comunidad de Madrid no era más que el conjunto de una mayoría de paganos que con su esfuerzo fiscal financiaban el elevado tren de vida y las ansias de rapiña de unos pocos sinvergüenzas.

EURICO CAMPANO